El Instituto Politécnico Nacional se ha incrustado en la agenda presidencial, en el último mes. Primero, por la decisión de la directiva del centro de educación superior de anticipar la terminación del convenio de colaboración con la fundación de exalumnos presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco, tras de que ésta denunciara recortes a las becas para estudiantes de posgrado radicados en el extranjero.
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo, el último fin de semana de abril, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Palenque, junto con el titular de la SEP; Mario Delgado Carrillo, y el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo.
El director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval respondió a sus críticos y aseguró que el esfuerzo de los alumnos no se detendrá por falta de recursos, permitiendo que su capacidad y talento se conviertan en bienestar para la región, el país y sus familias.
Cuando fue cuestionada en la conferencia matutina sobre los conflictos politécnicos, la Ejecutiva federal propuso modificar el procedimiento para designar al director general de la institución y consultar a la comunidad estudiantil y académica.
Apenas el pasado fin de semana, un comunicado apócrifo atribuido al Consejo General Consultivo apuntaba la presunta renuncia de Reyes Sandoval y del proceso institucional para designar a su sustituto.
Mientras se suplía la vacante, subrayaba, la continuidad de las actividades sustantivas quedaba garantizada “en todo momento” y se privilegiaría la estabilidad académica, administrativa y operativa de la institución.
La difusión de ese comunicado en una página de Facebook -al cierre de este espacio no se había precisado si habían hackeado esa cuenta de la red social-resultaba un contrasentido, pues la última sesión de los integrantes de ese órgano deliberativo -a finales de marzo pasado- derivó en un respaldo a las gestiones de Reyes Sandoval, para incrementar el presupuesto general.
Y es que el director del IPN se había quejado por los trámites “atípicos” impuestos por la Secretaría de Hacienda, la entrega de las ministraciones que permiten cubrir el gasto corriente de la institución.
En las redes sociales también circuló profusamente la respuesta de la secretaría general. “Cualquier información oficial relacionada con el Instituto y el Consejo General Consultivo debe ser publicada exclusivamente a través de los canales y redes oficiales autorizadas. En consecuencia, toda información, comunicado o publicación emitida por dicha página carece de validez oficial y deberá considerarse falsa o no autorizada”, subrayaba el deslinde.
Precisar los canales informativos oficiales, más que la permanencia de Reyes Sandoval en su cargo, fue el objetivo del peculiar comunicado. Las suspicacias no han amainado, mientras que la inestabilidad en el Politécnico se ha extendido en vísperas del fin de cursos.
Y es que la propuesta presidencial para “democratizar” la elección del próximo director general del Instituto, a través de una consulta ha recibido críticas por el escenario de politización, conflicto y eventual ingobernabilidad que plantea.
Desde Palacio Nacional, la mandataria planteó que estudiantes, docentes y trabajadores participen en la definición de una terna de aspirantes, en un intento por abrir un proceso históricamente reservado al Ejecutivo federal.
“Más que democratizar, se va a politizar”, advierten integrantes del entorno académico del Politécnico, quienes señalan que el anuncio presidencial parece improvisado y sin el consenso previo necesario.
De acuerdo con la Ley Orgánica del IPN, el nombramiento del director general corresponde directamente al titular del Ejecutivo federal. Si bien existen mecanismos informales de consulta dentro de la comunidad, estos no sustituyen la facultad presidencial ni están diseñados como procesos abiertos de votación o consulta masiva.
El tamaño del IPN representa otro desafío mayúsculo. Con más de 200 mil estudiantes, alrededor de 30 mil trabajadores y más de un millón de egresados, cualquier ejercicio de consulta enfrentaría problemas logísticos, de representación y legitimidad.
“Todos van a opinar y querer espacio”, advierten fuentes cercanas, quienes anticipan un escenario de inconformidad generalizada donde ningún candidato logre consenso suficiente, lo que podría traducirse en protestas constantes y un proceso interminable de impugnaciones.
A ello se suma la falta de un árbitro claro: ¿Quién organizaría la consulta?, ¿Quién resolverá las controversias?, ¿Qué instancia validará los resultados?
Aunque algunos sectores han visto en la propuesta una oportunidad para avanzar hacia procesos más participativos -incluso retomando viejas aspiraciones de autonomía-, el escepticismo domina entre quienes conocen la operación interna del IPN.
El temor principal es que el proceso derive en una terna definida no por méritos académicos o trayectoria institucional, sino por capacidad de movilización política. “Será una terna política, no necesariamente la más idónea”, advierten.
En ese escenario, la presidenta podría verse obligada a retomar el control de la designación tras un proceso desgastante, pero con una comunidad polarizada y un precedente de conflicto difícil de revertir.
La comparación con otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también ha generado incomodidad. Para algunos sectores, insinuar modelos similares sin considerar las diferencias históricas y normativas entre ambas casas de estudio podría tensar aún más el ambiente académico nacional.
Por ahora, la instrucción presidencial sigue en fase de diseño. Pero dentro del IPN, el mensaje es claro: si no se establecen reglas precisas, consensos reales y un marco legal sólido, la llamada “democratización” podría convertirse en uno de los episodios más complejos para la gobernabilidad de una de las instituciones educativas más importantes del país.
