La designación por parte de Estados Unidos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas entró oficialmente en vigor el pasado viernes 5 de junio.
La decisión oficial fue publicada ese mismo día en el Registro Federal, el Boletín Oficial estadounidense. El documento está firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
La medida otorga a las facciones brasileñas el mismo estatus jurídico que a los grupos que, desde hace más de un año, son objeto de duras intervenciones de Washington en América Latina, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México; el Tren de Aragua, en Venezuela; y el Clan del Golfo, en Colombia.
Otra decisión publicada el pasado viernes en el Registro Federa y firmada también por Rubio permite que se congelen sin previo aviso los bienes y activos de personas vinculadas al PCC y al CV que se encuentren bajo la jurisdicción de EE.UU.
Asimismo, prohíbe las transacciones financieras entre personas o empresas estadounidenses y estas organizaciones, y prevé sanciones contra personas o entidades que presten apoyo material, financiero o logístico a dichos grupos.
Según los expertos consultados por BBC News Brasil, salvo en el caso de Venezuela, la designación como organización terrorista no ha supuesto, al menos hasta ahora, un debilitamiento de estas organizaciones ni una disminución de la delincuencia.
Sin embargo, la clasificación ha supuesto, en algunos casos, penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos y, sobre todo, sanciones económicas específicas y un control mucho más riguroso de las transacciones financieras de los grupos en EE.UU. y con empresas que tienen vínculos en territorio estadounidense.
En México, donde seis facciones criminales recibieron la designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado en los últimos meses, con la imputación de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa.
El gobierno de Sheinbaum denunció además una supuesta operación no autorizada de la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, en territorio mexicano. Según el gobierno, dos agentes que supuestamente investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente de tráfico.
En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, en enero de este año.
Aunque la designación de organizaciones como terroristas no sea un requisito legal para autorizar las operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses en el extranjero, los expertos afirman que las recientes acciones de EE.UU. en México y Venezuela forman parte de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo.
“La designación cambia definitivamente el tono (de EE.UU.) respecto a estos grupos y cómo califican la amenaza que representan”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).
Según Farfán-Méndez, la acción estadounidense no ha provocado grandes cambios en el comportamiento de las organizaciones criminales afectadas, pero sí ha tenido un impacto significativo en los negocios del sector privado de los países implicados.
Sanciones y supervisión financiera
El primer día de su segundo mandato, en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que solicitaba al Departamento de Estado que designara a los principales carteles y otras organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
La clasificación fue confirmada aproximadamente un mes después por el secretario de Estado, Marco Rubio. En la lista de organizaciones afectadas figuraban los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Nordeste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela.
Posteriormente, también fueron designados como terroristas el Clan del Golfo, de Colombia; el Cartel de los Soles, de Venezuela; y los grupos Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador. Los grupos Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que tienen ramificaciones en varios países de Centroamérica y en EE.UU., también fueron incluidos.
Con estas designaciones, todas estas organizaciones han sido incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales, y sus activos en EE.UU. han sido bloqueados.
Esto también significa que cualquier empresa o persona que preste apoyo material a miembros o instituciones vinculadas a estas organizaciones puede enfrentarse a sanciones en EE.UU. Esto incluye el envío de dinero, la prestación de servicios, la consultoría, el suministro de transporte o cualquier otra ayuda económica directa o indirecta.
